En los artículos de las
semanas previas he esbozado el escenario de la privatización de la asistencia
sanitaria en nuestro país. Quiero hablar hoy de algunos de sus protagonistas.
Según señalaban Guillermo
Abril y Jaime Prats en El País del día 6 de enero, el principal proveedor
privado de servicios sanitarios públicos en España es el grupo Capio Sanidad,
que en 2011 facturó algo más de 673 millones de euros, de los que alrededor del
75% proviene de las arcas públicas. Pero, ¿quién es Capio? Siguiendo estas
mismas fuentes, hay que subrayar que el origen de
Capio está en Castilla-La Mancha, mediados los años 90 del pasado siglo, en
“una clínica gestionada por un matrimonio de médicos (un neurocirujano y una
radióloga), el Centro de Diagnóstico Recoletas”. Este surgió con un interés muy
concreto: aprovechar “el hueco” que suponían las listas de espera. Vieron que
se podían obtener pingües beneficios vía
conciertos, con el objetivo de disminuir las listas de espera. A este
proyecto se incorporó “pronto un cardiólogo, Fernando Largo, exmilitante
socialista… experto en conciertos públicos que había ejercido durante seis años
como director provincial del Insalud de Toledo… y subdirector general de
Conciertos en la última legislatura de Felipe González”. Siguiendo el relato de
los autores ya referidos, se empezó a operar a pacientes de listas de espera en
Albacete, y “en 1998, cuatro años después del nacimiento de Recoletas, la
empresa contaba ya con cuatro hospitales en Castilla-La Mancha y unos 700
trabajadores”. En ese momento se planteó la creación de “un gran grupo
sanitario”, para lo que echaron mano de Víctor Madera, un médico que gestionaba
centros de la Cruz Roja, y que, según las mismas fuentes, ha tenido como uno de
sus mentores a Fernando Lamata, profesor suyo en el master en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias,
impartido en la Escuela Nacional de Sanidad. Madera
es actualmente el presidente del “grupo Capio Sanidad; el único
directivo que estuvo en el origen manchego y que permanece al frente de la
compañía… Su figura convenció al fondo de capital riesgo británico CVC”,
propietaria del 60% de la empresa. Las compañías de capital riesgo conocen bien
este campo de negocio, y son plenamente conscientes de la gran ventaja que
supone para el sector sanitario privado “los ajustados presupuestos del
Gobierno, que darán lugar a considerables oportunidades de subcontratación para
los proveedores ya establecidos”. En la actualidad Capio está considerado como el grupo más potente, tanto por el tamaño,
como por su experiencia, o por contar “con personas a las que se les suele
abrir las puertas, como Javier Gómez-Navarro, político socialista, exministro
de Comercio y expresidente del Consejo Superior de Cámaras”… En el artículo de
El País se pone en boca de Fernando Lamata la siguiente afirmación:
“Madera no está por desmontar o desvalorizar la sanidad pública. Cuando yo le
he planteado que el núcleo duro de la sanidad es público, él no lo ha
cuestionado. Creo que su estrategia es la de ponerse a disposición de la
Administración, dejando que sea esta la que fije las condiciones. Defiende la
colaboración con la pública. No pretende sustituirla por centros privados.
Aunque lo cierto es que las concesiones [de gestión de hospitales públicos] sí
que empiezan a ser una sustitución”.
Resumiendo:
en una comunidad autónoma gobernada durante años y años por el PSOE algunas
personas perfectamente conocedoras del mundo sanitario, junto a otras
perfectamente instaladas en la élite política, ven un magnífico campo de
negocio en el “saco sin fondo” de las listas de espera. En consecuencia deciden
montar una empresa privada que se abastecerá de pacientes provenientes de la
sanidad pública, y ésta pagará los gastos. Es cuestión de hacer una cierta
inversión. La cuestión es: ¿por qué no hizo esta inversión la sanidad pública?
A la larga le hubiera resultado más rentable. Pero hay muchas más preguntas:
¿por qué no se rentabilizaron al máximo los recursos de la sanidad pública?,
¿por qué tanto énfasis en las listas de espera? (ya hablaré algún día con más
detenimiento de esta cuestión; vaya por delante mi convicción de que se trata
de un asunto utilizado con demagogia, sin delimitar qué es o no demorable, y
sin abordar que es una de las garantías de sostenibilidad y equidad de los
sistemas públicos de atención a la salud). Pero diría incluso más, la promulgación de la Ley de Garantías en Atención Especializada o la construcción de
hospitales comarcales innecesarios, algunos ahora próximos a ser privatizados,
¿a qué fin último respondían?
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